La Ley de Caducidad

(Principales resultados de una encuesta nacional de CIFRA de septiembre de 2008: 1005 entrevistados en sus hogares en todo el país entre los días 6 y 14 de septiembre, con resultados directamente comparables a los de las encuestas anteriores de CIFRA)

Una mayoría relativa de los uruguayos (46%) opina que estaría bien que se hiciera un referéndum para anular la Ley de Caducidad (caducidad “de la pretensión punitiva del Estado”); un 28% dice que no estaría bien (FIGURA 1). Mayorías relativas en casi todos los grandes grupos sociales de uruguayos piensan de la misma manera. Las preferencias político partidarias son las que diferencian las opiniones de la población, como suele ocurrir con los problemas “de los de antes”. La mayoría de los que piensan votar al partido de gobierno (el FA) en las próximas elecciones nacionales opina que estaría bien hacer un referéndum para anular la Ley de Caducidad (62%; un quinto, 19%, dice que estaría mal). Entre los que piensan votar a los partidos de la oposición, en cambio, la mayoría está en desacuerdo (38%,), aunque la diferencia con los que están de acuerdo (36%) es muy pequeña.

Si hubiera un plebiscito para derogar la Ley de Caducidad, otra mayoría relativa más pequeña que la anterior (40%) votaría para derogarla Ley, y algo menos de un tercio (31%) votaría para no derogarla (FIGURA 2). Las respuestas a esta pregunta también tienen mucha “camiseta política”: entre los votantes del FA la mayoría (52%) votaría para anular la Ley, pero entre los votantes de la oposición la mayoría (39%) votaría para no anular la Ley.

Apoyar la realización del referéndum no es lo mismo que estar a favor de anular la Ley. Como lo sugieren las diferencias entre las dos figuras, parte de los que están a favor de realizar este referéndum en realidad están a favor de que la gente se pronuncie, pero no son partidarios de anular la Ley: un quinto (20%) de los que apoyan el referéndum votan en contra de anular la Ley. En particular, una cuarta parte de los que piensan votar al FA votarían para no anular la Ley.

Si se hiciera el referéndum, en este clima de opinión no es posible saber si la Ley sería anulada o no. Dependería de la manera en que se desarrolle la campaña, y de la forma en que se defiendan las dos posiciones. Lo que sí es seguro es que esto se mezclaría con la campaña electoral propiamente dicha, y que la afectaría de maneras difíciles de anticipar.